En pleno siglo XXI España tiene presos políticos. A últimas horas de este lunes, la jueza Carmen Lamela ha ordenado prisión preventiva -que podría ir de 2 a 4 años- sin fianza para los líderes de las dos asociaciones civiles que han impulsado -desde su inicio- la causa independentista. Los directores de la Asociación Nacional de Catalunya (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, han sido encarcelados, acusados de delito de sedición, que en España se castiga con penas de 8 a 10 años de encarcelamiento.
Según la jueza, ambos son responsables de organizar las manifestaciones realizadas ante la Consejería de Economía de la Generalitat de Catalunya, los días 20 y 21 de setiembre. El día 20 de septiembre 14 cargos de la Generalitat fueron encarcelados por participar o permitir la organización del referéndum de autodeterminación. Ese día la policía española también ingresó a la Consejería de Economía para buscar documentación que proporcionase información sobre los fondos utilizados para la cita electoral.
La policía permaneció todo el día en las dependencias de la Generalitat. Con el correr de las horas la gente se fue apostando a las puertas para protestar por los ingresos y detenciones llevados a cabo sin orden judicial. Varios vehículos de la policía que se encontraban aparcados en el lugar fueron vandalizados por los manifestantes; en un momento de la protesta, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart subieron al techo de los vehículos para demandar calma y tranquilidad.
Para la justicia española, sin embargo, tanto Sánchez como Cuixart serían los responsables del "tumulto" generado en el lugar, lo que trajo como consecuencia, que los efectivos al interior de las oficinas de la Generalitat necesitasen ser escoltados por los Mossos de Esquadra para poder abandonarlas. Tumulto es una de la palabras más utilizadas durante el último mes por el gobierno y la justicia españolas.
Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
Imputación formal
El auto de la juez Amela señala, que "el día 20 de septiembre en el curso de la práctica de una serie de diligencias de entrada y registro, una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados. Dichas concentraciones fueron promovidas por diferentes asociaciones soberanistas siendo las más destacadas por su capacidad de convocatoria las realizadas por los líderes de las organizaciones independentistas ANC y Omnium”.
Según señala la juez, “la finalidad inmediata de las personas que protagonizaron los actos de los días 20 y 21 estaba orientada a impedir que funcionarios de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pudieran desarrollar sus funciones en cumplimiento de la ley y de las resoluciones dictadas por una autoridad en el seno de un procedimiento judicial”.
Jefe de la policía catalana a la reja
Este lunes también declaró ante la Audiencia Nacional el major de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, para él y para su segunda en la línea de mando, la fiscalía también había pedido la prisión preventiva y una fianza de 40 mil euros, sin embargo, en el caso de estos funcionarios, la jueza no ha hecho caso de estas medidas, sólo les ha retirado el pasaporte para evitar su fuga del país y los obliga a comparecer cada 15 días ante la justicia.
Todo esto ocurre horas 12 horas después de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya contestado al requerimiento de Mariano Rajoy respecto a si ha declarado la independencia de Catalunya. La pregunta del presidente español es porque necesita una respuesta formal por parte del president, dependiendo de la misma decidirá si aplica el artículo 155 de la Constitución.
La aplicación de este artículo le permitiría al Gobierno central, "en protección del orden constitucional", ejercer en lugar de un ejecutivo autonómico las competencias que considere necesarias para defender el interés general y que se cumpla la ley, para ello necesitaría la autorización del Senado, cámara en la que el partido de gobierno cuenta con la mayoría que le permitiría aprobar su aplicación sin oposición alguna.
Respuesta de Puigdemont a Rajoy
Este lunes por la mañana, Puigdemont contestó a Rajoy vía carta, en ella le decía que la trascendencia del momento exigía respuestas y soluciones políticas, le decía además que no interprete su gesto de suspender la independencia como debilidad, sino que lo había hecho atendiendo al llamado que desde diferentes personalidades e instituciones nacionales e internacionales le habían hecho para dar paso al diálogo.
"Cuando el pasado día 10, atendiendo a la petición de numerosas personalidades e instituciones internacionales, españolas y catalanas, le planteé una oferta sincera de diálogo, no lo hice como una demostración de debilidad sino como una propuesta honesta para encontrar una solución a la relación entre el Estado español y Catalunya que lleva bloqueada desde hace muchos años".
En la misiva el president detalla todo lo ocurrido hasta el momento, las cargas policiales del día del referéndum, y las diferentes actuaciones legales y políticas que han llevado la situación a la tensión actual, además en el documento de 4 páginas, Puigdemont le pone una serie de enlaces al presidente Rajoy con los cuales dar veracidad a sus afirmaciones.
"La prioridad de mi gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas"[...] "La suspensión del mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre demuestra nuestra firme voluntad de encontrar la solución y no el enfrentamiento. Nuestra intención es recorrer el camino de forma acordada tanto en el tiempo como en las formas. Nuestra propuesta de diálogo es sincera y honesta", señala Puigdemont.
Para poder realizar ese diálogo el catalán le dice al presidente español que durante los próximos dos meses, su principal objetivo es "emplazarle a dialogar y que todas aquellas instituciones y personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación tengan la oportunidad de explorarlo. Comprobaremos de esta manera el compromiso, de cada una de las partes, en hallar una solución acordada".
En la misma carta y para poder emprender el diálogo, Puigdemont le hace dos pedidos a Rajoy. Primero, "que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Catalunya", y se refiere a las citaciones a las que unas horas después acudirían el major de los Mossos de Esquadra y los dos dirigentes de la ANC y Òmniun Cultural. Estos dos últimos -a pesar del pedido- se encuentran ya en prisión.
Como hechos represivos el president también menciona "las vulneración de derechos fundamentales; la intervención y congelación de las cuentas bancarias que impiden que atendamos nuestras obligaciones con las personas más necesitadas; la censura de internet y de medios de comunicación; la violación del secreto postal; las detenciones de servidores públicos; y la brutal violencia policial ejercida contra población civil pacífica el día 1 de octubre".
El segundo pedido es concretar, lo antes posible, "una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos. No dejemos que se deteriore más la situación. Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo de cara, estoy seguro que podemos encontrar el camino de la solución". Unas horas después Mariano Rajoy, también por carta, daba a conocer su respuesta.
"Lamento profundamente que haya decidido Ud., como Presidente de la Generalitat y como representante ordinario del Estado en Cataluña, no contestar el requerimiento remitido el pasado 11 de octubre y, por lo tanto, no aclarar el extremo de si alguna autoridad de la Generalitat ha declarado la independencia de Cataluña".
Rajoy también le advertía al president catalán que esperaba que en las próximas horas que le quedaban hasta el segundo plazo dado -este jueves a las 10 de la mañana- "responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere". Este plazo es para que el president detenga lo actuado en el proceso de independencia y vuelva al orden constitucional.
Pero desde el govern de la Generalitat no están por la labor, máxime cuando desde Alemania y Francia se van alzando voces a favor de la negociación. España tampoco se mueve de su posición, para el gobierno español el único ámbito de negociación es el parlamento, así lo ha asegurado este lunes la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María.
Por ahora los próximos tres días días serán decisivos, Catalunya ha tomado la prisión de los directores de la ANC y de Òmnium como una provocación, otros dicen que serían moneda de cambio dentro de una posible negociación. Por su parte los ciudadanos independentistas han protestado, en cuanto se han enterado de la prisión de estos dos personajes, han realizado una prolongada cacerolada y han salido a las calles de Barcelona y las demás capitales catalanas, otra vez, a manifestarse de manera pacífica.
Enlaces de interés:
La independencia de Catalunya y su impacto en la gente
¿Cómo dice que dijo joven? [VÍDEO]
El paro general en Catalunya supera todas las expectativas [VIDEO]
España denuncia por sedición a los responsables de las manifestaciones en Catalunya
