La justicia europea sigue dejando en mal puesto a su homóloga española. Bélgica no entregará a España a los tres exconsellers del gobierno de Carles Puigdemont, sobre ellos pesaba una euroorden emitida por el Tribunal Supremo (TS). La noticia le ha caído al juez Pablo Llarena, el que instruye la causa contra el independentismo, como un balde de agua fría lleno de cubitos de hielo.
La decisión de la justicia belga es firme, y contra ella no puede interponer recurso la justicia española porque no participa en el proceso. El TS ibérico no ha perdido tiempo en criticar, "la falta de compromiso de la justicia belga con la española". Es decir, si un tribunal falla de manera diferente a la que tú quieres, no es independencia, es falta de compromiso.
Y lo más preocupante o risible o desternillante es la causa por la cual Bélgica no entregará a Maritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig y es: por un defecto de forma en el requerimiento. En los documentos enviados por el juez Llarena a Bélgica, no figuran las 'órdenes de detención nacional para el territorio español', indispensables para la aplicación de una euroorden, es decir, parece que alguien no fue a clase el día que explicaban cómo tramitar una euroorden.
Esta incidencia fue comunicada al juez Llarena por la fiscalía belga cuando se inició la tramitación de la euroorden. Llarena contestó que no había emitido ninguna orden de detención porque la Audiencia Nacional ya había emitido una. Recordemos que la Audiencia Nacional Española emitió en noviembre pasado una primera euroorden para la extradición de los tres exconsellers mencionados, además de otras dos para Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, otra exconsellera.
La justicia de un país que recibe una euroorden analiza si los delitos que se imputan corresponden a la doble tipificación exigida, es decir que el delito cometido sea equiparable en los dos países. Y aquí la cosa ya comenzaba coja, el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers que se encuentran en el exterior, están acusados por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia; y para comenzar, el código penal belga no contempla la rebelión.
En pleno análisis de la euroorden, la causa contra el independentismo pasa a manos del juez Pablo Llarena quien recibe un soplo, Bélgica no devolvería a Puigdemont y compañía por rebelión. Así las cosas, Llarena retira la euroorden, no quiere tener en España unos exconsellers juzgados por rebelión, penada con 30 años de cárcel y a otros, sólo por el delito de desobediencia que no comporta encarcelamiento ni purga de 'pecado', y eso no se puede permitir, porque si algo ha se hacer un buen funcionario español es castigar a todo catalán que se 'subleva'.
La segunda euroorden fue emitida porque Puigdemont estaba viajando por Europa invitado para dar charlas y conferencias y eso era como un dedo en el ojo del juez. Puigdemont es detenido y apresado en Alemania. Luego fue puesto en libertad, la justicia alemana no ve delito de rebelión. Además, la ministra de Justicia alemana, le dice a España que deberá justificar muy bien el delito de malversación porque tampoco les parecía que hubiese sido cometido.
La liberación de Puigdemont fue el primer ridículo español frente a la justicia europea por la causa contra del independentismo. El pedido de la fiscalía belga de dejar sin efecto la euroorden en contra de los exconsellers es el segundo pues en el documento firmado por el Fiscal General belga, se cuestiona de principio a fin la profesionalidad de Llarena. El documento habla abiertamente de irregularidades cometidas, sobre todo la de no haber emitido la orden de detención, este error es garrafal si, además, se tiene en cuenta que hay jurisprudencia.
El Tribunal de Luxemburgo establece que sin una orden de detención previa no se puede dar trámite a una euroorden. En 2013, un ciudadano rumano llamado Bob-Dogi invistió con un camión e hirió gravemente a un ciudadano húngaro. Hungría activó una euroorden en su contra pero no pudo conseguir su extradición porque no había emitido una orden de detención previa.
En el documento la fiscalía también señala que cuando pidió al juez Llarena información para saber cuál era la base para emitir la segunda euroorden, Llarena le contestó que la emitía sobre la base de la orden de detención de la Audiencia Nacional, a lo que la fiscalía le recordó que al haber retirado la primera euroorden, "porque no estaba seguro de conseguir que le entregasen a el expresident y a los exconsellers", aquella orden de detención quedaba sin efecto.
Además la fiscalía belga, en el documento le dice a Llarena que la orden de detención emitida para la primera euroorden tampoco tendría valor para la segunda porque ambas son diferentes. Ambas describen "hechos parcialmente similares, pero también parcialmente diferentes, además se han agregado descripciones de hechos, (especialmente la agresión a policías) y las calificaciones penales que sustentan también son diferentes"
Pero estos no son los primeros errores del juez Pablo Llarena en la causa que instruye contra el independentismo catalán. Ya hace unas semanas que intenta probar el supuesto delito de malversación del cual acusa a Carles Puigdemont y sus exconsellers y no puede hacerlo. Las acusaciones por este delito se basan en un informe de la Guardia civil donde se habla de supuestos pagos a terceros por un total de 1.915.067,22 euros para la realización del referéndum del 1 de octubre pero no se presenta ninguna factura.
Es más, la suma de lo gastado por algunos conceptos está mal hecha, el que hizo esta operación también faltó a clase de aritmética.
Llarena ha desoído al presidente Mariano Rajoy que le ha dicho que el exgovern no ha gastado un solo euro público en la realización del referéndum, ha desoído incluso al propio ministro de Economía Cristóbal Montoro, que tiene intervenidas las cuentas de la Generalitat desde antes de la realización del referéndum, y que ya le ha entregado más de un informe en que le dice que 'no way' el exgovern no echado mano del arca pública para pagar nada del procés.
La decisión de la justicia belga ya ha sido difundida por toda Europa, los exconsellers Serret, Comín y Puig ya pueden transitar libremente por el espacio Schengen y esto sienta un precedente importante para la determinación que tomarán la justicia alemana y la escocesa. Previsiblemente, estos dos países reaccionarán como Bélgica, pues la justicia alemana ya le ha dicho a Llarena que ha de justificar muy bien la malversación porque sino, no le entrega a Puigdemont y Escocia le acaba de pedir mayor información porque no entiende nada de nada.
Así las cosas, aquello de "más dura será la caída", título con el cual el fallecido fiscal general del Estado, José Manuel Maza, nombró al comunicado de las querellas por rebelión contra Puigdemont y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, parece que se le comienza a volver en contra a la justicia española. Pablo Llarena y quienes le soplan al oído no creyeron que su omnipotencia interna no tiene poder en el exterior. Pablo Llarena y quienes le soplan al oído están desconcertados dando manotazos de ahogado. Fuera de las fronteras españolas la separación de poderes existe.
