España ha quedado en ridículo una vez más. Minutos antes de las 14 horas de este viernes 6 de abril la justicia alemana ha dejado en libertad a Carles Puigdemont. No lo ve culpable del delito de rebelión del cual lo acusa el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena. Lo primero que ha hecho el expresident es exigir la liberación de los presos políticos pues su existencia, ha dicho, "es una vergüenza para Europa". Puigdemont también ha vuelto a pedir diálogo al gobierno español. "La época del diálogo ha llegado y lo pedimos como lo hemos hecho en anteriores oportunidades en las que sólo hemos recibido una respuesta violenta y represiva". 

Un portavoz de la cancillera alemana Angela Merkel y desde el Ministerio de Exteriores de ese país, se ha urgido al Parlament a formar gobierno para encontrar una solución política. Esta es la primera vez que el gobierno alemán y su alta diplomacia intervienen de manera explícita en el conflicto catalán. Esta es la corroboración de que el procés ya no es un asunto interno como se ha cansado de repetir -y al día de hoy continúa repitiendo- la UE. 

Y dirán ahora todos aquellos que aún viviendo lejos de España se llenan la boca diciendo que Puigdemont tenía la prisión bien merecida por haber cometido uno de los delitos más terribles del Código Penal español, el de rebelión. Y qué dirán todos aquellos que me leen e increpan lo que he venido escribiendo sobre el procés catalán. Déjame decirte una vez más, ciudadano del mundo, y esta vez con el respaldo de la justicia alemana, que tanto en España como en los países europeos donde se contempla el delito de rebelión, para ser tipificado se requiere el uso de: VIOLENCIA. Y en Catalunya, la única violencia ha sido la ejercida por los cuerpos de seguridad españoles que aporrearon a los pacíficos, inermes e indefensos votantes catalanes el 1 de octubre. 

Este jueves 5 de abril, mientras en Lima, la ciudad en la que nací, se recordaba el autoritarismo de Alberto Fujimori, cuando hace 26 años dió un golpe de Estado; España, que desde el referéndum de autodeterminación de Catalunya está mostrando su cara más prepotente y cercana a las prácticas fascistas de la época del franquismo, recibía palos por todos lados. La justicia poética aún existe.  

Violencia: no habida

Este 5 de abril, la justicia alemana le ha dado una bofetada con la mano abierta a España, ni siquiera ha admitido a trámite la denuncia por rebelión en contra del expresident de Catalunya. Según el juez de Schleswig-Holstein sólo tramitará la euroorden por el delito de malversación pues dice que "en Catalunya no hubo violencia". Así las cosas, si Puigdemont es extraditado, en España sólo podría ser juzgado por delito de malversación. Pero la malversación tampoco está clara, no por lo menos para el juez alemán pues -según ha explicado mediante un comunicado- "hace falta aclarar otros hechos y obtener información adicional para esgrimir si ha habido malversación". 

Respecto a la acusación de malversación de la euroorden, es necesario recordar que tanto el presidente Mariano Rajoy, como el ministro de Hacienda español Cristóbal Montoro -el primero en sede parlamentaria y el segundo mediante informe entregado al propio juez del Tribunal Supremo- "en la realización del referéndum catalán NO se utilizó ni un sólo euro de la administración pública". Por otro lado, si Puigdemont es extraditado por malversación, tampoco iría a prisión preventiva pues -según diversos juristas- mientras dura el proceso judicial podría consignar el 1.600.000 euros que -según afirma la justicia española- costó el referéndum. 

Por todos los motivos expuestos en el comunicado de la justicia alemana, Carles Puigdemont ha sido excarcelado previo pago de una fianza de 75.000 euros, que ha sido ingresada por la Caja de la Solidaridad de OMMIUM y la ANC. La Caja de la Solidaridad se alimenta con donaciones de los propios ciudadanos catalanes y hasta el momento ha destinado casi 4.000.000 de euros en el pago de fianzas originadas por el procés. 

Rebelión: no habida

Pero no sólo Alemania no ve el delito de rebelión por ningún lado, Bélgica iría por el mismo camino. Los ex consellers Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig han quedado en libertad y sin fianza luego de declarar este jueves ante la justicia flamenca. A espera de tomar una decisión sobre la euroorden, la justicia Belga ha impuesto a los exconsellers medidas cautelares como "la prohibición de la salida del país, estar localizables en un domicilio y atender a las peticiones que les haga la justicia belga". Otro de los países que tampoco vería rebelión es el Reino Unido donde la exconsellera Clara Ponsatí también ha sido dejada en libertad con medidas cautelares.

Y de Suiza ya no hablemos, ellos dicen que de haber una orden de extradición en contra de Marta Rovira, también acusada por rebelión, no la entregarían porque consideran que la acusación de la justicia española es por razones políticas. Por Anna Gabriel el juez Llarena no ha emitido ninguna orden porque a ella sólo se la acusa de desobediencia. España y su sistema judicial están en entredicho en cuatro países de la UE, es como cuando tu ves una cosa que nadie más ve y eso quiere significa que eres un visionario o que estás totalmente equivocado. Quienes conocen al juez Pablo Llarena no lo sitúan en la primera categoría.

Una de cal y otra de arena

Este 5 de abril, comenzábamos el día con una mala noticia, el exjefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, que cometió el pecado de ubicar y abatir a la célula terrorista que perpetró sendos atentados en Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, ha sido acusado de "pertenencia a organización criminal y de 2 delitos de sedición". Según la jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, el exjefe de los mossos es acusado de sedición por "los hechos que tuvieron lugar en el Departamento de Economía el 20 y 21 de septiembre, así como por el referéndum del 1 de octubre".  Junto con Trapero, otros altos cargos del cuerpo policial catalán también han sido acusados. 

En un primer momento Lamela pretendía acusar de rebelión al jefe de los mossos, sin embargo, viendo que en diciembre el juez Llarena retiró la euroorden enviada a Bélgica en contra de Carles Puigdemont -un soplo de la fiscalía belga le hizo saber que el juez de ese país no veía la mentada rebelión por ningún lado- la jueza ha preferido bajarse del tan temible delito y se ha parapetado en el de sedición, abandonando así a Llarena, que continuaría viendo rebelión donde NO la hay. Sin embargo, según el artículo 544 del Código Penal español, para que exista el delito de sedición también se requiere el uso de: VIOLENCIA. 

Mentiras sólo mentiras...

Otro de los palos que este jueves ha recibido España, ha llegado desde Suiza que le ha dicho que miente, miente y miente. Este miércoles, Hervé Falciani, exbanquero de la filial suiza del banco británico HSBC, autor de la llamada 'lista Falciani', por la cual denunció la evasión fiscal de alrededor de 130.000 ciudadanos en todo Europa, fue detenido en España. Según las primeras informaciones del gobierno español, Falciani había sido detenido en virtud de una orden internacional de extradición emitida por Suiza el pasado mes de marzo. 

De inmediato todo mundo dijo, "cambio de figuritas". Ana Gabriel, exdiputada de la CUP y Marta Rovira, secretaria general de ERC y ex diputada catalana se encuentran en Suiza y aunque este país ya ha dicho que no las devuelve porque se las está juzgando por delitos políticos, todo hacía sospechar que Suiza no había sido sincera y que mediante una buena jugada de ajedrez pretendía recuperar al hombre que les ha llevado a reformar su política de secreto bancario. Sin embargo, como decían en mi casa, las mentiras tienen las patas cortas.

Veinticuatro horas después del anuncio de la orden de extradición y de su ingreso en prisión, Falciani ha sido liberado, la justicia helvética informó que esa orden de extradición había sido enviada a España a inicios de 2017. El propio portavoz del Ministerio de Justicia suizo, Folco Galli ha declarado a la televisión pública suiza (RTS) que "el exbanquero no será moneda de cambio por Anna Gabriel o Marta Rovira", y agregó que "la cooperación jurídica se rige únicamente por tratados y leyes, de manera que no hay ningún margen para el intercambio". Así que ahora la diplomacia española tiene otro problema entre manos.

Falciani luego de ser detenido en España el año 2012 por "vulneración del secreto bancario", debido a una orden internacional emitida por Suiza, no fue extraditado porque la Audiencia Nacional española dijo que "en el derecho español no existe una protección penal específica del secreto bancario". Inmediatamente Falciani se convirtió en colaborador de la Hacienda española y fue decisivo en la recuperación de 300.000.000 de euros de evasores fiscales ibéricos.

Con la detención de Falciani, España demuestra que no le importa hacer lo que sea con tal de salirse con la suya: penalizar y acabar con el independentismo catalán, y para ello es capaz de traicionar, incluso, a quien colabora con ella. Y Falciani colaboró y mucho, recuperar 300.000.000 de euros para las arcas del Estado no es poca cosa. 

La cereza del pastel

Otra de las bofetadas recibidas por España este 5 de abril es de la policía belga que ha iniciado una investigación para determinar el origen del geolocalizador colocado en el auto que transportaba a Puigdemont en su viaje de Finlandia a Bélgica. La investigación se produce porque -aunque es requisito indispensable- ni la justicia, ni la policía belga habrían tenido conocimiento de la colocación del dispositivo. El geolocalizador permitió el seguimiento y la posterior detención del expresident. Según algunas fuentes, doce agentes del Centro de Inteligencia Nacional español siguieron todos los movimientos de Carles Puigdemont durante su estancia en Helsinky.

La policía belga tendrá que deslindar si la colocación de este instrumento fue autorizado por la justicia española y comunicado a su homóloga en Bélgica. Según el artículo 588 del código penal español -reformado en 2016- "durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación reguladas en el presente capítulo (interceptación de comunicaciones y la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento) siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad". 

Y este podría ser otro gol de Puigdemont, porque el principio básico del derecho según el cual nadie puede ser condenado a partir de una prueba obtenida ilícitamente jugaría a su favor, y agregaría una cuenta más al rosario de 'problemas' que viene acumulando España. 

Investidura

¿Este nuevo escenario reabre la posibilidad de la investidura de Carles Puigdemont como president de la Generalitat? 

Esta semana el Parlament puso otra vez sobre la mesa la investidura de Jordi Sànchez, la proposición vino nuevamente de la mano de un Carles Puigdemont que no sospechaba ser liberado de manera tan inminente. La idea se sustenta en la resolución del consejo de Derechos Humanos de la ONU que hace unas semanas instó a la justicia española a que respetará los derechos políticos de Sànchez y, de manera extraordinaria, emitió medidas cautelares para tal fin.

Si España no respeta esta resolución vulneraría el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos según el cual, "todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna distinción ni restricción del derecho de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores". Y eso precisamente es lo que ocurrió el 21 de diciembre, en unas elecciones excepcionalmente convocadas en Catalunya por el gobierno español, lo que ocurre es que el tiro le salió por la culata pues los comicios ratificaron el resultado del referéndum del 1 de octubre.

Y algunos dirán, y de hecho ya han dicho, que la resolución de la ONU no es de obligado cumplimiento, sin embargo, el artículo 50 del mencionado pacto señala explícitamente: "las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni excepción alguna". Y España es uno de los Estados firmantes de este pacto. 

Puigdemont president

Una vez conocida la liberación del expresident, la CUP ha vuelto a ratificar su voluntad de investirlo president. "Carles Puigdemont es el único candidato que significa un golpe democrático al  Estado que no sólo responde a la soberanía popular expresada en las urnas el 21 de diciembre sino que responde a la reivindicación básica de soberanía de nuestro Parlament delante del Estado español y delante de sus tribunales. Hoy ningún otro candidato representa esa embestida", pero no sólo la CUP se ha manifestado en este sentido. Este 3 de abril a través de un manifiesto, más de 600 personalidades catalanas defendieron la investidura del expresident.