El viaje a Ítaca, aquel que hacen los independentistas catalanes, siendo Ítaca el lugar ideal fuera del reino de España, es un periplo que aún tiene algunos kilómetros por recorrer.
Jordi Sànchez, el candidato por el cual Carles Puigdemont ha dado "un paso al lado provisional", ya ha sido vetado por el Tribunal Supremo. Este viernes, el juez que se encarga de la causa en contra del independentismo ha dicho que NO le abre las puertas de la prisión para que asista al Pleno de investidura que se había de celebrar este lunes 12 de marzo.
Las razones para las que el juez Pablo Llarena deniega a Sánchez la posibilidad de ser investido president de Catalunya son perversas porque su cargo no le da derecho a impedire que un diputado electo no pueda ser investido para un cargo político. Según Llarena, no libera a Sànchez porque "su traslado desde la prisión no es seguro, ya que puede devenir en una movilización ciudadana al estilo del 20 de septiembre o del 1 de octubre".
El juez también afirma que no puede permitir que Sànchez salga de prisión porque se podrían repetir la movilización y con ello la violencia del 1 de octubre. Al afirmar esto, el juez pierde de vista la realidad, el 1 de octubre el desorden, los tumultos, el caos y los golpes fueron ocasionados por la actuación de las fuerzas del orden españolas en contra de la ciudadanía pacífica que sólo quería votar.
A las pruebas me remito. Este documental muestra lo ocurrido el 1 de octubre, muchas de las imágenes de las cargas policiales han sido proporcionadas por los ciudadanos que se encontraban en los centro de votación
Otra de las razones del juez para que Sànchez no acuda al Parlament es que se integraría "en una candidatura que quiere implementar la República". Pero implementar una república no es ilegal, podría hacerse dentro de la ley, si se lograse llegar a un acuerdo con el Estado vía referéndum pactado, o sea no es un hecho criminalizable, pero el juez criminaliza.
La interlocutoria de Llarena también habla de "perseverancia en el plan soberanista", y en ese sentido manifiesta que la investidura propuesta "emplaza a insistir en el plan soberanista, cosa que se suma a la obcecación con la que Sánchez vive el proceso". Con esta afirmación el juez hace política y prejuzga. Además insta al parlament catalán a presentar otro candidato y con esto vuelve a hacer política pues no está entre sus funciones decirle a la cámara legislativa lo que debe hacer.
Defensa acorralada
La defensa de Sànchez pedía el permiso de su defendido en base al que obtuvo el terrorista de ETA, Juan Carlos Yoldi, preso preventivo, a quien el juez le permitió ir a la sesión de investidura del Parlamento Vasco. Según Llarena, con Yoldi sólo se corría el riesgo de fuga, no de violencia, con Sànchez, en cambio, el juez considera que hay "riesgo de reiteración del delito por su capacidad para la movilización de personas". O sea, si se escapa un terrorista no pasa nada, pero si un activista y ahora candidato a la presidencia tiene arrastre eso es inaceptable.
Para rebatir la jurisprudencia sobre la liberación de un preso preventivo para acudir a una votación en un parlamento, Llarena se refiere al caso de Thierry Delvigne, un francés condenado por asesinato al que la justicia le denegó el voto a las elecciones europeas, sin embargo el caso de Delvigne no es comparable con el de Sànchez. Delvigne estaba condenado, Jordi Sànchez está siendo investigado y se encuentra en prisión preventiva, la misma que según la justicia española NO lo inhabilita para presentarse a unas elecciones ni para ejercer un cargo político.
Ahora la única esperanza de Sánchez es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, donde este lunes a las 8 de la mañana el president del Parlament, Roger Torrent, presentará un recurso pidiendo medidas cautelares para que Jordi Sánchez no sea privado de sus derechos políticos y puede acudir al Pleno de Investidura, que por el momento se encuentra suspendido. El recurso no pudo ser presentado el viernes, porque, si bien es cierto, la interlocutoria del juez fue conocida por la prensa al mediodía, el Tribunal Supremo NO la trasladó de forma oficial a la defensa de Sànchez hasta las 16:35 horas, 00:35 minutos después de que el TEDH cerrase sus puertas.
El president del Parlament ha dicho que emplazarán al TEDH para que conteste de la manera más rápida posible, en 24 o 48 horas. Sin embargo, según algunos juristas e incluso el defensor del pueblo catalán, aún hay instancias que agotar dentro del territorio español, para ellos el recurso debería ser presentado primero ante el Tribunal Constitucional, además afirman que no hay antecedentes de que el TEDH se haya pronunciado de manera tan rápida para garantizar derechos políticos, sólo lo ha hecho cuando ha estado en riesgo la vida de alguien.
Para Torrent, en cambio, en España ya no hay nada que hacer, no cambia de opinión y se va directo a Estrasburgo: "como informé, agotadas las instancias estatales, es necesario recorrer a los tribunales internacionales y por eso la defensa del diputado Jordi Sànchez presentará una demanda de medidas cautelares al TEDH".
Además del impedimento legal, la candidatura de Sánchez aún tiene que saltar el obstáculo de la CUP, que se mantiene su negativa de apoyar su investidura. La CUP considera que investir a Sàncehz es perpetuar el gobierno autonómico, es decir seguir dentro de España como si nada hubiese ocurrido, ellos quieren el desplegamiento de la República y siguen apostando por investir president a Carles Puigdemont.
Mientras todo se resuelve, o no, este domingo los catalanes independentistas vuelven a salir a las calles a manifestarse, este será un buen momento para tomar el pulso a la situación y confirmar, o no, si la masa independentista sigue estando tan cohesionada, si ha aumentado o disminuído tal como manifiestan algunas encuestas. El viaje a Ítaca aún es largo y está lleno de complicaciones y escalas inesperadas.
