La prisión de los líderes independentistas es ya un tema a tratar para la ONU. "Las autoridades españolas utilizan maneras dictatoriales, encarcelando oponentes políticos y negando su libertad para que abandonen sus convicciones y funciones políticas. Es una inadmisible violación de sus derechos fundamentales". Esta es una de las afirmaciones pronunciada por el prestigioso abogado Ben Emmerson, durante el anuncio del caso hecho en Londres. 

Ben Emmerson quien es relator de la ONU y abogado especialista en leyes europeas de derechos humanos, derecho internacional público y derecho penal internacional, ha presentado una comunicación al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de la ONU para consultar si la prisión cautelar de Oriol Junquera, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por el Estado español. Segun Emmerson "hay indicios más que suficientes para condenar a España".

“Este caso es un clásico de detenciones políticas arbitrarias" [...] "Los cargos en contra suya no se avienen, en varios aspectos, con los estándares internacionales de un juicio justo" [...] "Cerca de un centenar de expertos académicos en derecho (españoles) han confirmado públicamente que estos cargos son insostenibles en función de los hechos, pues no se dan elementos de violencia. Son acusaciones puramente políticas", estas son algunas de las afirmaciones sobre las que se basa de defensa de Emmerson delante de la ONU.

Si bien es cierto, las conclusiones de este grupo de trabajo de la ONU no son vinculantes, sí que son un elemento importante para futuras reclamaciones en tribunales internacionales. Este grupo ha tratado casos de vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, Ruanda o Irán. Hace dos años, este mismo grupo dictaminó que Julian Assange -recluido en la embajada de Ecuador en Londres desde 2012- había sido detenido arbitrariamente.

Justicia y Ejecutivo español: Minority report total

Joaquim Forn, exconseller de Interior que también se encuentra en prisión, no figura en la petición realizada por Emmerson, así lo ha decidido él mismo. Forn ha renunciado a su cargo de diputado -elegido en los comicios del 21D- y a continuar con la actividad política y por eso ha preferido tener una defensa diferenciada, todo por ser liberado; pero esto no le ha servido de nada. El Tribunal Supremo (TS) -y por segunda vez- le ha negado la libertad.

El juez del TS, Pablo Llarena, encargado de la causa que se instruye por rebelión, sedición y malversación en contra de los líderes independentistas, ha dictado un auto en el que niega a Forn la salida de prisión, la causa:  "riesgo de reiteración delictiva por la incerteza que existe de que la voluntad política mayoritaria sea respetar el orden legal para lograr la aspiración de independencia que aún hoy comparte el investigado". 

Justicia o vendetta


Sin embargo, habría otra razón para negarle la libertad a Forn, quien -en su calidad de exconseller de Interior- junto con el major de los Mossos de Esquadra, Josep Lluis Trapero, desarticularon la célula terrorista que atacó Barcelona y Cambrils el 17 de agosto del año pasado, en sólo 72 horas. España no le perdona a Forn la eficacia de su trabajo, pues al lado de Trapero lograron demostrar que la policía autonómica catalana, a pesar de contar con menos recursos, en logística e inteligencia, está muy bien preparada.


Meses antes de los atentados la conselleria de Interior reclamó al Ministerio del Interior accceso a los datos y recursos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Oganizado ( CITCO). No se lo dieron. Así como tampoco le permiten a los Mossos integrarse en el sistema EUROPOL, Oficina Europea de Policía, encargada de facilitar las operaciones de lucha contra la delincuencia en Europa. Y a pesar de todas estas trabas, Forn y Trapero 'la hicieron'. Eso también le duele a España.

España no da tregua

Desde que este martes, cuando el president del Parlament catalán anunció el aplazamiento del pleno de investidura presidencial, las amenazas y demostraciones de fuerza no han parado. Esta vez ha sido el ministro de Justicia -quien irónicamente se llama Rafael Catalá- el que ha anunciado que los diputados independentistas incursos en la gran causa por rebelión, sedición y malversación serían inhabilitados en breve. 

En una entrevista, el ministro de Justicia primero habló de la independencia de poderes en España: "el gobierno no le dice al Tribunal Supremo lo que debe hacer, cada uno tiene su papel". Pero después 'insinuó' cuáles serían las próximas actuaciones del TS en el caso de los 13 diputados independentistas: "cuando se dicte el auto de procesamiento todas las personas que estén procesados serán inhabilitadas". ¿Independencia de poderes? ¿Dónde?

Art. 384 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: "Con un auto de procesamiento firme y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

La Ley de Enjuiciamiento Criminal data del siglo XIX. El artículo 384 fue revisado en 1988 (por eso lleva el sufijo Bis) para poder juzgar a los terroristas de ETA, y el concepto de rebelde aquí incluído NO tiene nada que ver con el delito de rebelión, por el que se ha querellado a los ĺíderes independentistas, sino más bien, con los antecedentes penales de los ciudadanos españoles que se recaba en el Registro Central de Penados y Rebeldes. En este registro constan "los demandados en cualquier procedimiento civil cuyo domicilio se desconozca".

Trece son los diputados independentistas incursos en la causa que instruye el TS. Sin embargo, si nos atenemos a la ley de Enjuiciamiento Criminal, sólo dos de ellos podrían ser inhabilitados -Oriol Junqueras y Jordi Sánchez- pues son los únicos que están en prisión provisional. 

Según Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional, "al confirmarse el auto de procesamiento, si se imputa el delito de rebelión, inmediatamente los jueces dictaminarían la inhabilitación de los procesados". Pero aquí se estaría confundiendo el delito de rebelión con el concepto de "rebelde", que son dos cosas diferentes en la legislación española y además se estaría metiendo en el mismo saco a los procesados que se encuentran en prisión y a los que aún están en libertad.

Inhabilitación y democracia

La inhabilitación, que comporta la imposibilidad del ejercicio de cualquier cargo público, no tardaría en llegar. Según el propio ministro de Justicia y fuentes del TS, el auto de procesamiento podría estar listo en marzo y en octubre tendríamos la sentencia que podría castigar hasta con 30 años de prisión actos de rebelión que NO se han cometido. La única violencia ocurrida en Catalunya ha sido la ejercida por las fuerzas de seguridad españolas el día del referéndum catalán. 

En medio de tanta prisión y amenaza de inhabilitación, el Índice de la Democracia, elaborado cada año por The Economist Intelligence Unit (EIU), ha bajado la calificación de España. En 2017 España tenía 8,3 puntos y era consideraba un país de "democracia plena"; en 2018, tiene sólo 8,08 puntos lo que la sitúa al límite de ser tipificada como "democracia imperfecta". El descenso, dice The Economist, se debe a "la represión policial del 1-O y la aplicación del 155 que han llevado a España a una situación de pérdida de calidad democrática". 

Sin embargo, el descenso en el rango democrático de España podría no importar a nadie en el gobierno central. Desde el presidente Mariano Rajoy, la vicepresidenta, el ministro del Interior, el de Justicia, el ministro Portavoz o el de exteriores no han reconocido en ningún momento la violencia injustificada infringida en contra de los catalanes que querían votar. 

Como ejemplo del comportamiento antidemocrático de España también podríamos citar las declaraciones del coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, coordinador entre las policías españolas y los Mossos de Esquadra para impedir el referéndum catalán. Ante el TS el coronel ha asegurado que el 1 de octubre, “el cumplimiento de la ley estaba por encima de la convivencia ciudadana”. 

Esto es como decir que el Apartheid, la ley que discriminaba a los negros frente a la minoría blanca sudafricana, estaba por encima de uno de los derechos fundamentales del ser humano: el derecho a la igualdad. Hace poco, Pablo Iglesias, líder de Podemos, acusó al independentismo de despertar el fascismo. Pero el fascismo español NO ha sido despertado, es que nunca se fue a dormir.