La situación de Catalunya, territorio en el que vivo hace 16 años, me ha llevado como periodista a cubrir a través de mi blog lo que ocurre, así que acostumbro a salir a la calle, sobre todo a seguir las manifestaciones y huelgas, sin embargo, no voy a las convocadas por los unionistas porque suelen ser conflictivas y se registran comportamientos violentos, incluso contra los periodistas.
La última muestra de esta violencia ha ocurrido este viernes durante la realización de la concentración por la unidad de España en Sabadell, ciudad de la provincia de Barcelona. La cita convocada por Societat Civil Catalana (SCC) concentró a unas 700 personas que exigían al alcalde volver a colgar la bandera española retirada de la fachada del ayuntamiento el pasado 27 de octubre cuando el Parlament aprobó la declaración de independencia de Catalunya.
En un tuit SCC ha mostrado su rechazo a lo ocurrido: "SCC condena y se desmarca de cualquier comportamiento incívico de grupos extremistas que no respetan el valor de la convivencia democrática". Sin embargo, la manifestación fue convocada por SCC y Somatemps, organización de ultraderecha que según afirma tiene como objetivo "sacar a Cataluña de una alucinación colectiva". Para ellos el movimiento independentista es "fruto del nacionalismo que ha manipulado la historia y la cultura catalanas".
Si bien es cierto, como hablaba el otro día con una activista independentista peruana, todo nacionalista es independentista, NO todo independentista es nacionalista. Según la RAE, el nacionalismo tiene dos significados, el primero lo define como el sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia; y el segundo como la ideología de un pueblo que, afirmando su naturaleza de nación, aspira a constituirse como Estado.
La primera condición lleva intrínseca la idea de racismo y de discriminación, el nacionalismo nazi así lo interpreto y ya sabemos que hizo al respecto. Sin embargo, el independentismo catalán está en las antípodas de esto. Según la demuestra la lectura de la anulada Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana. en la que también hay un lugar para los inmigrantes.
Según la menciona ley, anulada esta semana por el Tribunal Constitucional, "los inmigrantes que llevan ya 5 años de residencia legal en España tendrían inmediatamente la nacionalidad catalana", además, "la atribución de la nacionalidad catalana no exige la renuncia de la nacionalidad española ni de cualquier otra".
Antecedentes
En otras marchas convocadas por SCC la mayoría de participantes se limitan a corear "Puigdemont a prisión", "viva España" o "viva el Rey", sin embargo, siempre hay ciertos grupos que acuden al evento con banderas fascistas y hasta con la esvástica tatuada, y acaban el evento con trifulcas, insultos, daños al mobiliario urbano y ataques a la prensa, a ciudadanos y a los mismos Mossos d'Esquadra.
Las imágenes del vídeo corresponden a una batalla campal entre grupos ultras que tuvo lugar en Plaça Catalunya al acabar manifestación convocada por Societat Civil Catalana con motivo del Día de la Hispanidad el 12 de octubre pasado.
Esta es una manifestación españolista realizada el día 30 de septiembre en la Plaça Sant Jaume la víspera de la celebración del referéndum de autodeterminación de Catalunya. Los manifestantes intentaron rebasar el control policial para ingresar una bandera española al Palau de la Generalitat y destrozaron carteles que decían DEMOCRACIA.
Luego de la manifestación convocada por SCC el día 29 de octubre, una vez más por la unidad de España y en contra del independentismo, algunos de los participantes participaron en acciones violentas en diferentes puntos de Barcelona.
¿Consecuencias?
Es necesario mencionar que ninguno de estos actos han sido investigados o castigados por el gobierno central español, autoridad vigente en Catalunya desde la aplicación del 155, mientras que este viernes, en Reus (pueblo de la provincia catalana de Tarragona) un juez ha admitido a trámite una denuncia de la Policía Nacional por delito de odio, en contra del alcalde y los concejales de esa ciudad. La causa de la denuncia es la lectura de un manifiesto en contra la la violencia policial ocurrida el día del referéndum.
La actuación de la policía española, que el día del referéndum tenía el encargo de cerrar los colegios electorales y requisar las urnas, ha sido condenada por Human Rights Whatch (HRW), la organización señala en un estudio que el 1 de octubre, "la policía utilizó la fuerza de manera excesiva en Catalunya", además afirma que "el Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza, incluidos los graves incidentes documentados por HRW". La 'recomendación' NO ha sido atendida.
También cabe señalar que "los Jordis", presidentes de las asociaciones soberanistas más importantes de Catalunya, el vicepresident y los consellers cesados también se encuentran en prisión sin fianza acusados de rebelión y sedición, por organizar y promover alzamientos tumultuarios y manifestaciones por la independencia, eventos en los que la violencia siempre ha estado ausente.
Esta tarde se realiza en Barcelona una manifestación organizada hoy por la ANC y ÒMNIUM en Barcelona. Novecientos autobuses de todo Catalunya han llegado hasta la Ciudad Condal para participar en la denominada Fiesta Nacional por la Libertad. El objetivo de la marcha que pretende ocupar más de 5 kilómetros de la Av. Marina, es protestar para pedir a libertad de "los Jordis" y de los consellers cesados por el 155, así como impulsar una candidatura unitaria para las elecciones del 21-D, el objetivo, repetir el triunfo del soberanismo alcanzado en las urnas el 2015.
Ausencia justificada
Una de las que no podía asistir a la marcha fue la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y no lo hizo por recomendación de su abogado. La razón: evitar que su presencia sea interpretada como "reincidencia" en sus intenciones de seguir trabajando por la independencia de Catalunya. Y es que -dos días antes- en sede judicial, Forcadell, había renunciado a la vía unilateral para declarar la independencia.
El jueves 9 de noviembre, Forcadell y los integrantes de la mesa del parlamento querellados por rebelión, sedición y malversación de fondos comparecieron ante el Tribunal Supremo de Justicia, el juez debía dictaminar las medidas cautelares para ellos. Luego de 7 horas de interrogatorio, para Forcadell se determinó prisión eludible con una fianza de 150 mil euros, sin embargo, fue encarcelada hasta que su abogado la abonó al día siguiente.
Para los demás parlamentarios - no hubo prisión- sólo el pago de una fianza de 25 mil euros. Al término de sus declaraciones, y de manera inusual, el juez cedió la palabra a los parlamentarios quienes manifestaron que no reincidirían en “actividades presuntamente delictivas”. De no haberlo hecho se enfrentaban a 30 años de prisión. El único parlamentario que quedó libre sin medidas cautelares fue el que votó NO a la independencia.
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