"No nos rendiremos, lucharemos hasta el final, hasta el final", decía con la voz entrecortada por el llanto Marta Rovira, diputada y portavoz del grupo Junts pel Sí del Parlament catalán. Y es que esta tarde la Audiencia Nacional ha aceptado una orden búsqueda y captura para el president de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, y los consellers Clara Ponsatí, Mertitxell Serret, Antoni Comin y Lluís Puig, con quienes se encuentra en Bélgica.

El lunes en conferencia de prensa desde Bruselas Carles Puigdemont dijo que no iría a Madrid a declarar delante de la Audiencia Nacional porque la justicia española no le inspiraba confianza.

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela también ha ordenado prisión incondicional sin fianza para el vicepresident Oriol Junqueras y los 7 consellers que esta mañana acudieron a declarar acusados de delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos y otro. El único que se salva es el conseller Santi Vila que dos días antes de la declaración de independencia se apeó del proceso, para él la audiencia ordena prisión eludible con el pago de una fianza de 50 mil euros.

La jueza ha cumplido así con los deseos de la fiscalía que había pedido prisión incondicional para los que fueron hasta el final con la declaración de independencia y una 'multa' para el que se arrepintió. Lo curioso es que en la querella presentada por el fiscal del Estado, la fianza para los 13 integrantes del govern encausados se fijó en 6.207.450 euros, lo cual significaría 477.496.154 mil euros por cabeza, sin embargo, al conseller Vila, la Audiencia Nacional sólo le exige el pago de 50 mil euros.

Para Puigdemont y los consellers que se mantienen fuera del país, la Audiencia Nacional ha aceptado tramitar una euro orden para que sean detenidos y extraditados, aunque según han dicho hace unos momento aún no la han enviado. Puigdemont y los 4 consellers habían pedido declarar por videoconferencia, pero no se les ha aceptado. Declarar por videoconferencia es un derecho que tienen los ciudadanos europeos que encontrándose fuera de su país son requeridos por la justicia y volver a su país podría significar poner en riesgo su integridad.

Cómo funciona la euro orden

La Audiencia Nacional pedirá a la justicia belga que extradite al president cesado y a los consellers que se mantienen con él para que sean juzgados en España. En cuanto sean ubicados, corresponderá a la justicia belga decidir si los detiene y concede la extradición, y tiene 60 días decidir, en casos excepcionales el plazo es prorrogable en 30 días más. Según Paul Bekaert, abogado de Puigdemont en Bélgica, su estrategia pasa por “impugnar cualquier posible petición de extradición”.

Según ha manifestado Bekaert a la televisión belga, tratará de demostrar que las penas son desproporcionadas, 30 años en el caso del delito de rebelión que, según el código penal español no se habría cometido porque la declaración de independencia no se produjo con violencia. El abogado afirma que acusar a Puigdemont de un delito que no cometió pone riesgo "el respeto de sus derechos fundamentales de mi defendido".

Esta mañana también estaban citados para declarar al Tribunal Supremo, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los integrantes de la mesa que participaron en la realización de los plenos que permitieron la aprobación de las leyes para la realización del referéndum y la declaración de independencia, sin embargo, la sesión ha sido aplazada para el próximo jueves, sus abogados han pedido el aplazamiento porque han sido citados hace menos de 24 horas y no han tenido tiempo para preparar su defensa.

Y la calle qué dice

Y mientras la justicia española pide la cabeza del cesado president Carles Puigdemont, este mediodía en la Plaça Sant Jaume, delante del Palau de la Generalitat, cientos de manifestantes coreaban: "¡Puigdemont el nostre president!" y "llibertat pels Jordis". La protesta convocada hace menos de 24 horas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) -de la que uno de los Jordis, Jordi Sánchez, es presidente- tenía como objetivo parar por unos minutos la actividad en Catalunya.

La ANC pedía a los trabajadores que al mediodía se apostasen delante de sus centros laborales para "manifestarse en contra de la aplicación del 155 y de la persecución judicial contra los representantes legítimos del gobierno catalán". La protesta ha sido atacada en las 4 provincias catalanas, los asistentes dicen que seguirán movilizados, a la espera de manifestar su voluntad en las urnas el próximo 21-D, "es la única manera para defender la república que queremos tener".

Una de las que estuvo presente en la protesta de la Plaça Sant Jaume fue la alcaldesa Ada Colau. Horas más tarde y luego de acalorada discusión, el pleno del ayuntamiento de la ciudad -con el voto negativo del PSC y el PP- aprobó la moción que reconoce "al govern de Carles Puigdemont y al Parlament surgidos de las urnas el 27-S como los únicos representantes legítimos de Catalunya”.

Sin embargo eso no quiere decir que Colau acepte la declaración de independencia, ella se mantiene firme en aquello que ha venido diciendo durante todo el procès: ni contigo ni sin ti. "No aprobamos el 155, pero tampoco la DUI", es decir ni chicha ni limonada. Ada Colau con Barcelona en Comú es uno de los partidos que forma parte de la coalición "Catalunya si que és pot" (CSQP), Podemos es otro de partidos y desde Madrid ya han dicho que de independencia nada, que ellos quieren mucho a Catalunya.

Ante la prisión de los consellers y la orden de captura del President los diferentes parlamentarios soberanistas han declarado su total rechazo a la decisión de la justicia española, dicen sentirse, desolados y decepcionados y manifiestan que toca continuar en las calles, manifestándose para lograr que la protesta haga que Europa mire con mucho cuidado lo que está haciendo el gobierno de España judicializando la política. 

Por lo pronto los colectivos sociales que se han mantenido movilizados durante todo el proceso de independencia, ya han anunciado una serie de acciones pacíficas para los próximos días y piden conservar la calma y no deponer al revolución de las sonrisas, no se descarta la realización de una huelga general. 

En un tuit, el vicepresidente Oriol Junqueras dice: Hagan cada día todos lo que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnes este 21-D. De pie y con determinación hasta la victoria. 

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