Perú entra en el conflicto por el referéndum catalán. Desde este miércoles por la noche, la Guardia Urbana de Barcelona custodia material electoral almacenado en un local de la  Municipalidad de la ciudad ubicado en la calle Perú del barrio de Poble Nou.  Fuera de la broma la cosa por estas tierras mediterráneas se complica por momentos. A dos días de la celebración de la cita electoral varios frentes están abiertos, entre ellos, la actuación de los efectivos policiales el 1-0 y el de las represalias judiciales.

El gobierno de la Generalitat por no acatar la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) y seguir adelante con la celebración de la consulta cuenta ya con más de 1000 cargos investigados, sobre muchos de los cuales pesan ya denuncias y multas millonarias.

¿Y todo esto por qué?

Porque los catalanes siguen firmes en su decisión de acudir a votar este domingo 1 de octubre para autodeterminarse. Tan firmes están en esa voluntad que las manifestaciones a favor del referéndum se suceden día tras día. Este miércoles fueron los universitarios de Lleida, una de las 4 provincias catalanas, los que salieron a protestar, este jueves la protesta se trasladó a Barcelona donde los universitarios de todo el país -100 mil según los organizadores- convocados por el colectivo "Universitats per la República" ocuparon calles y avenidas.

"Las calles serán siempre nuestras", "votarem", "votarem", coreaban a todo pulmón los universitarios a ritmo de batucada. A ellos se unieron los bomberos que antes habían desplegado una gran pancarta con el lema "love democracy" en la fachada del Museo de Historia de Barcelona, la misma que era visible hasta el puerto de la ciudad donde se encuentra anclado el "acorazado Piolín"uno de los cruceros contratados por el gobierno español para albergar a los más de 8 mil Guardias Civiles y Policías Nacionales destacados a Barcelona con el objetivo de evitar la realización del referéndum.

En Girona, Tarragona y LLeida, las otras tres capitales catalanas, las manifestaciones de jóvenes también fueron multitudinarias, en estas ciudades fueron los estudiantes de secundaria los que salieron a protestar en contra de las medidas del gobierno de Mariano Rajoy para impedir el referéndum y a favor del derecho a que los catalanes se expresen libremente en las urnas. "Sólo queremos poder decidir nuestro futuro, y aunque no tenemos edad de ir a votar nos manifestamos para que lo hagan aquellos que sí pueden".

ONU y EU han hablado

En las últimas horas expertos de la ONU han pedido a Madrid que respete los derechos fundamentales de Catalunya. Alfredo de Zayas, relator del organismo internacional ha declarado a la televisión catalana que impedir el referéndum catalán es poco más que inútil. "Reprimir este referéndum no termina con la aspiración de los catalanes a realizarlo, y es indispensable que esto se resuelva de manera pacífica. No estamos en la época de Milosevic, el diálogo es necesario. La situación de los escoceses se parece mucho y por qué fue posible para ellos expresarse y por qué los catalanes no tienen el mismo derecho".

De igual forma, aunque de manera menos contundente, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tallani ha dicho esta tarde que "el referéndum es ilegal pero habría de ser posible encontrar una salida política". Aunque tibia, esta declaración es importante porque hasta el momento, de manera formal, ningún representante de la UE se había pronunciado sobre la consulta catalana en este sentido. Y a todo esto habría que sumar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien esta semana durante la visita de Mariano Rajoy dijo textualmente: "El presidente Mariano Rajoy dice que no habrá referéndum, pero yo no estoy tan seguro porque los catalanes quieren votar".

Así que Rajoy hizo largo vuelo para ir por lana, pero salió trasquilado. Lo malo es que la lana se ha pagado a precio de oro. Rajoy se desplazó a Estados Unidos en busca del apoyo de Trump y para conseguirlo, o digamos que 'aprovechando' el viaje, le habría comprado al gobierno norteamericano aviones F-35 por un valor de 6.000 millones de euros. En enero de este año, el propio Trump y un informe del Pentágono advirtieron de la deficiencias de la nave, "es una ruina para el ejército de los Estados Unidos con una lista de problemas que aumenta por a medida que pasan los días".

Movidas ¿legales?

Desde la aprobación de la ley del referéndum y de transición del gobierno catalán la maquinaria judicial se ha puesto en marcha y la Fiscalía Superior de Catalunya comandada para este caso por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza -conocido en el ámbito judicial como Mazinger Z- se ha encargado de abrir investigaciones y de poner denuncias a diestra y siniestra. Es necesario destacar que Maza fue reprobado por el Congreso español, PSOE y Ciudadanos pidieron su destitución por sus actuaciones "inequívocamente dirigidas a obstaculizar la tarea de los fiscales en causas judiciales contra la corrupción del partido de gobierno, el PP".

Maza también fue el fiscal que en 2012 elaboró un voto particular en el que sostenía que el juez Baltasar Garzón debería de haber sido condenado por investigar penalmente el Franquismo, el magistrado afirmaba en su voto, que "pocas veces se habrá visto un ejemplo más claro de lo que es una prevaricación judicial". Según la justicia española los delitos de la dictadura investigados por Garzón eran delitos prescritos y amnistiados.

Maza había ordenado a los Mossos d'Esquadra - policía autonómica catalana- precintar los colegios electorales, locales municipales, sociales y centros de salud desde antes del sábado para que nadie pudiese acudir a votar el domingo, además  pedía identificar y advertir a los directores de los colegios y a los responsables de los locales, que su participación en la realización de la cita tendría consecuencias: denuncias por desobediencia, prevaricación y malversación. Este jueves, la comunidad educativa catalana, en un acto simbólico, le entregó al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, las llaves de los colegios. "Obrirem" (abriremos), coreaban en el patio de la Generalitat mientras hacían sonar las llaves al unísono.

Ante este acto, Puigdemont les ha asegurado a los directores de la escuelas que no deben temer a ninguna represalia por parte del Estado español. "La responsabilidad de las acciones que se lleven a cabo para la realización del referéndum es del gobierno, del president y de los consellers, de nadie más. Ustedes no tienen nada que temer". La consellera de Educación, Clara Ponsatí, también ratificó lo dicho por el president: "este domingo ejerceremos libremente nuestros derechos porque somos personas libres y la libertad individual es maś fuerte que nuestros miedos".

Otra de las actuaciones de la fiscalía ha sido ordenar a la Guardia Civil (GC) incautar papeletas de votación, urnas, carteles, pancartas y todo material relacionado con el referéndum. Y así ha sido, además de los casi 10 millones de papeletas incautadas, la GC se hecho hasta con algunos baldes y escobas utilizados para pegar carteles en las calles. Sin embargo los esfuerzos por no permitir propaganda de la cita electoral han sido vanos, las calles de pueblos y ciudades están llenas de carteles a favor de votar el 1-0 y la Televisión Nacional de Catalunya también emite spots de campaña.

La fiscalía también ordenó el cierre de las páginas webs relacionadas con el referéndum, 140 según cifras de la GC. Esta semana una decena de personas fueron citadas a declarar en dependencias de la Policía Nacional (PN) por haber clonado varias de las páginas cerradas. Entre ellos estuvo el dueño del dominio www.marianorajoy.cat, que durante unas horas fue la dirección de la página de la Generalitat en la que se daban detalles e información sobre la realización del referéndum. "Vi el dominio libre, lo compré por 6 euros y cloné la página de la Generalitat, ahora vengo a declarar porque me acusan de desobediencia", declaraba el joven a las puertas de una de las comisarías.

Por su parte, debido a las manifestaciones de los estudiantes realizadas estos días a favor del derecho a decidir, la Fiscalía del Menor se ha dirigido a los fiscales de menores para que realicen un seguimiento individualizado de cada caso, incluso ha ordenado abrir expedientes informativos sobre las actividades de los estudiantes y ha advertido a padres y maestros sobre su responsabilidad civil: "ni los padres o tutores ni los centros escolares podrán eximirse de la responsabilidad civil por los daños materiales o personales que pueden causar los menores, incluso de los daños que pudiese sufrir el menor".

La Fiscalía también prohibió la realización de actos públicos a favor del referéndum y subordinó a los Mossos d'Esquadra al mandato del Ministerio del Interior español, los pusó a las órdenes de la Policía Nacional con el objetivo de impedir la realización del referéndum. Todas estas acciones provocaron que el presidente de la Generalitat, le pidiera al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aparte de “de forma inmediata” a la Fiscalía de la investigación sobre el referéndum del 1-O. Según Puigdemont, este órgano debería abstenerse pues "ya existe una causa abierta en el alto tribunal catalán para juzgar las actuaciones derivadas del referéndum".

Luego de la denuncia, pero sin referirse a ella, el TSJC emitió una instrucción en la que ordenó a la Fiscalía que "cese en sus diligencias, actuaciones e instrucciones” para impedir la votación el 1-0 "porque una magistrada del alto tribunal catalán ya ha asumido la investigación". Se trata de la jueza Mercedes Armas quien dirige la causa abierta contra el gobierno catalán por el 1-O . Armas no tardó en ordenar a los Mossos d’Esquadra, la GC y la PN, que impidan el uso de locales y de edificios públicos para la realización del referéndum, sin embargo, a diferencia de la Fiscalía, no ordenaba el precinto de los colegios electorales

La toma del mando en las cuestiones jurídicas relacionadas con las denuncias en contra del refeŕendum por parte del TSJC, podría significar el fin de los interrogatorios a los más de 800 alcaldes que se han comprometido a permitir la realización de la consulta en sus pueblos y ciudades, y es que la instrucción de la jueza debería dejar en suspenso las actuaciones realizadas por la Fiscalía.

La decisión de la juez se produjo el mismo día en que el Major de los Mossos d'Esquadra , Josep Lluís Trapero, avisó de la dificultad de cerrar y precintar los centros de votación, porque según la orden de la fiscalía, también debían identificar y extraer de allí a las personas que se hubiesen encerrado para abrir los colegios electorales el día de la votación. En su cuenta de Twitter,  los Mossos advirtieron que “el cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede acarrear consecuencias no deseadas”. Trapero también ha afirmado que ante el riesgo de alteraciones en el orden público, el cuerpo que dirige actuará ajustándose a los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia".

La Generalitat de Catalunya ya ha anunciado que presentará querellas en contra del fiscal general del Estado y en contra del fiscal superior de justicia de Catalunya por delitos de prevaricación, usurpación de funciones y por haber actuado en contra del ejercicio de los derechos civiles. 

Pronunciamientos varios

Esta semana, los líderes catalanes y los integrantes del govern se han dedicado a viajar por algunos países europeos para difundir su causa y denunciar los actos del gobierno español en contra del referéndum. El president Puigdemont ha declarado a la televisión francesa y a otros medios, la firme voluntad del pueblo catalán de votar este domingo, también ha denunciado la judicialización de la política por parte del gobierno español que -según afirma- ha sido incapaz de negociar una salida consensuada al conflicto con Catalunya. Por su parte, el conseller de Relaciones Exteriores, Raúl Romeva, ha declarado en Bruselas y en diversas en entrevistas -tanto a la televisión francesa como a la CNN- que "el referéndum no es ilegal, sobre todo porque el código penal español no lo recoge como delito".  

Ada colau, la alcaldesa de Barcelona también se ha pronunciado, aunque afirma que ella preferiría un referéndum pactado con el Estado español manifiesta su desacuerdo con lo que llama vulneraciones del Estado de Derecho por parte del gobierno de Mariano Rajoy. En ese sentido ha remitido una carta a sus 27 homólogos de las capitales de los Estados miembros de la UE, denunciando la represión contra el 1-O. En una entrevista a la televisión catalana, Colau, alejada de su otrora activismo y escudándose en su cargo, da muestras de todo lo que ha aprendido en política, asegura que participará en la jornada del domingo como ciudadana, si es que esta se realiza, pero también ha dicho: "no me identifico ni con el sí ni con el no"

Desde el gobierno español no se ha dudado en afirmar por activa y por pasiva que el referéndum no se realizará. El portavoz del gobierno español Iñigo Méndez,  declaraba este viernes que Catalunya no podrá realizar un referéndum porque, "no cuenta con sindicatura electoral (los integrantes de la misma renunciaron ante la notificación de multas de 12 mil euros diarios a cada uno de sus integrantes), no ha habido campaña electoral, no hay papeletas ni otra documentación oficial, no hay mesas electorales, no hay tarjetas censales, no hay administración electoral y no hay locales autorizados".

Luego de la reunión de la Junta de Seguridad, convocada este jueves por el president Puigdemont para coordinar el operativo de seguridad del día el referéndum, el segundo del Ministro del Interior español declaró a la prensa que "lo ocurra el domingo no pasará de ser un picnic o una manifestación, donde se podrán exteriorizar los sentimientos pero no a costa de violentar la ley".

Tractores en ruta

Varios son los colectivos que se han pronunciado a favor del referéndum catalán, muchos de sus integrantes dicen que ya no se trata de luchar por la independencia sino por la el derecho a votar y a decidir cosa que concierne a todos los españoles afirman. Este viernes a primera hora de la mañana los campesinos de todo Catalunya, tractor en ristre ocuparon carreteras y calles de Barcelona y de las otras 3 comarcas catalanas. 

Y mientras los campesinos 'conducían' su protesta, el vicepresidente catalán y otros integrantes del gobierno presentaban a la vedette del domingo: la urna. Los medios afines al régimen español no han dudado en criticarla pues dicen que se trata de un contenedor de plástico hecho en china. 

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