"Después de 300 años de haber perdido nuestras libertades nacionales queremos demostrar al mundo que estamos empecinados en mantener nuestra identidad y en constituirnos como un Estado independiente [...] PARA LOS CIUDADANOS SUDAMERICANOS ESTO ES FÁCIL DE ENTENDER, NOSOTROS QUEREMOS HACER LO MISMO QUE HICIERON ELLOS HACE 2 SIGLOS". Estas palabras pertenecen a Joan Tardá, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) quien afirma que el proceso independentista catalán no tiene marcha atrás.
Dos días después de la multitudinaria manifestación realizada en Catalunya este 11 de septiembre en conmemoración de su día nacional -un millón de personas, según la guardia urbana, y 350.000 según la delegación del gobierno de España en Catalunya- y en la que desde hace 5 años se demanda el derecho a votar para consultar si sus ciudadanos quieren independizarse o no de España, el gobierno español se ha puesto la armadura y ha salido a pelear con las armas que tiene: Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de Justicia y Guardia Civil.
Hoy en los pasillos del Congreso de Madrid, el presidente español, Mariano Rajoy ha vuelto a decir que todo mundo esté muy seguro de que el referéndum catalán no se realizará porque es ilegal y porque su gobierno no lo permitirá, contradictoriamente y a pesar de la seguridad expresada, también le ha dicho a los que sean elegidos como miembros de mesa que el 1 de octubre, fecha designada para el referéndum de autodeterminación de Catalunya, no acudan a los colegios electorales porque estarían cometiendo una ilegalidad y podrían ser denunciados.
Esta misma tarde, la justicia española cerró la página web creada por la Generalitat para la difusión del referéndum. Alrededor de las 5 de la tarde, dos guardias civiles entraban a la empresa que alojaba la página para entregar la orden judicial de cierre de la misma, media hora después volvía a funcionar en otra dirección que el propio president catalań, Carles Puigdemont dada a conocer. "Anular una página web es una práctica propia del siglo XIX, sólo los gobiernos muy anticuados no saben que si haces caer una página web la puedes volver a publicar en otro lado", ha dicho Puigdemont en una entrevista a la televisión nacional de Catalunya
La fecha elegida para las 6 ‘manis’ (es así como los catalanes le llaman a esta cita) realizadas hasta el momento no es una cualquiera. El 11 de Septiembre de 1714 se desarrollaba el último episodio de la Guerra de Sucesión Española, Austrias y Borbones se disputaban la corona hispánica. Ganaron los Borbones y Catalunya, que luchaba al lado de los Austrias, se encontró en el lado perdedor. La guerra acabó con la firma del tratado de Utrecht, en el que la Corona de Castilla y el Reino de Francia -los bandos en conflicto- acuerdan que la la Corona de Aragón, conformada por el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona (territorio que hoy ocupa Catalunya) perdían su soberanía.
La ‘mani’ del 2017 ha sido bautizada como la “Diada del Sí” porque los catalanes confían en que esta será la última en la que saldrán a las calles a luchar por la independencia, y esa confianza se basa en la voluntad manifiesta del actual gobierno que con una mayoría parlamentaria independentista se ha dotado de normas para la realización del referéndum de autodeterminación. La semana pasada, en agitados plenos, el Parlament aprobó leyes para dotarse de un marco que le permitiese hacer lo que España no permite: votar.
Aprobaciones, desaprobaciones y denuncias varias
La semana pasada el Parlament de Catalunya aprobó por mayoría la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la ley de Transitoriedad Política y Fundacional de la República. La primera tiene como objetivo regular la realización del referéndum sobre la consulta por la independencia, y la segunda se aplicaría en caso de que ganase el Sí y administra la desconexión de Catalunya del Estado español. Ambas leyes han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional y tanto la presidenta del Parlament, Carmé Forcadell y los 4 integrantes soberanistas de la Mesa del Parlament que permitieron la tramitación de la ley ya han sido querellados por prevaricación y desobediencia, y han sido advertidos de que serían denunciados penalmente si desobedecen y aplican las leyes suspendidas.
El Tribunal Constitucional español (TC) también ha enviado 1400 notificaciones a los alcaldes de Catalunya, altos cargos del gobierno, al responsable de los Mossos d’Esquadra -la policía autonómica catalana- y a los medios de comunicación recordándoles que no pueden participar en los preparativos de la celebración del referéndum y, en caso de hacerlo, se enfrentarían a responsabilidades penales. El mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero, también ha tenido que comparecer en sede judicial para que explicar cómo actuará el cuerpo que dirige para impedir la realización del referéndum.
En la cita, la fiscalía le ha dado a Trapero 24 horas para requisar las urnas y las papeletas de votación, además ha notificado a Tv3, la televisión nacional de Catalunya, para que se abstenga de transmitir propaganda del referéndum. Este no es el primer acto de censura, la semana pasada, la Guardia Civil española ingresó a “El Vallenc”, publicación de la provincia de Tarragona, pues se sospechaba que allí se imprimían las papeletas. A la salida de la policía, el director de la publicación manifestó: “aquí no han encontrado las papeletas porque no están, pero que si es necesario las volveremos a imprimir”.
¿Las denuncias y querellas detendrán lo que ha comenzado en Catalunya?
Según la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), luego de las notificaciones enviadas por el TC a los alcaldes, más de 700 de los 947 municipios que comprenden las 4 provincias catalanas han dado su apoyo al refeŕendum y se han comprometido a abrir los colegios electorales. Este miércoles los alcaldes que se han comprometido con el proceso han sido requeridos por la justicia española para que acudan a declarar en qué consiste el apoyo que darán y para comunicarles que de hacerlo estarían cometiendo una ilegalidad. Algunos ya han dicho que no le reconocen autoridad a la justicia española y que no acudirán.
Uno de los que aún no confirma su participación es el ayuntamiento de Barcelona, Ada Colau, alcaldesa de la ciudad, quien afirma que personalmente ella votará y que está de acuerdo con que los ciudadanos puedan expresar su voluntad, exige al gobierno catalán garantías para la protección de la institución que dirige, luego de que el TC haya suspendido la ley de convocatoria del referéndum y haya anunciado denuncias para todo mundo.
El president Carles Puigdemont y todo su gobierno también han sido notificados por el TC y la fiscalía, en referencia a las denuncias presentadas contra ellos la semana pasada por la firma del decreto de convocatoria de la cita electoral y por la organización de la misma. Se les acusa de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos. En declaraciones posteriores, el Conseller de la presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, ha dicho que nada detiene el proceso iniciado y respecto al requerimiento hecho a la policía autonómica, ha manifestado que "la prioridad de los Mossos d’Esquadra no es buscar urnas sino prevenir atentados terroristas”.
Souffles, butifarradas y eventos sociales
Hace 6 años Mariano Rajoy decía que las ansias independentista de los miles de catalanes que se manifestaban por la independencia eran sólo un soufflé, él nunca creyó que mezcla se inflaría tanto como para explotarle en la cara. Aún ahora su gobierno sigue desmereciendo la situación, esta misma mañana el ministro de Justicia español, Rafael Catalá ha declarado: “que el día 1 de octubre haya una urna en un pueblito alejado o en una plaza donde hagan un evento social eso no sería un referéndum y no tendría ningún valor político”.
Las cartas están echadas, el gobierno español dice que el referéndum no se realizará, y para evitarlo manifiesta que actuará con todas las armas que tienen a su alcance, entre ellas está la suspensión de la autonomía o el uso de las fuerzas armadas, el president y los demás líderes del gobierno catalán dicen que el referéndum se hace y que todo está a punto para la cita electoral, la gente en las calles también quiere votar, así lo gritaban a voz en cuello en Plaza Catalunya y las calles aledañas donde este lunes se manifestaron pacíficamente catalanes de todas las edades y colores.