Hace unos días, una mujer murió de pobreza en Catalunya, España. Rosa se llamaba, 81 años tenía y no podía pagar la luz, ni el agua, ni siquiera podía pagar el alquiler de la vivienda que ocupaba. Ella es una más de las 7000 personas que cada año mueren en la península debido a uno de los conceptos acuñados por la crisis: la 'pobreza energética'.  

¿Qué es la pobreza energética?

La 'pobreza energética', es la consecuencia de la "vulnerabilidad energética". Según Bouzarovsky y Petrova -investigadores de la Escuela de Medio Ambiente, Educación y Desarrollo de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido- la 'vulnerabilidad energética' es la probabilidad de un hogar de no recibir una cantidad adecuada de servicios de energía.

Este concepto se utilizaba tradicionalmente para expresar la falta de acceso a la energía en los países en desarrollo, que debido a sus carencias económicas padecían de falta de infraestructuras. En la actualidad, y debido a la codicia de las empresas que manejan la energía, también se utiliza en los países desarrollados.

Requiescat in pace

Desde hace dos meses y por decisión de Gas Natural Fenosa, -suministradora de gas y electricidad- Rosa tenía cortada la luz. Ella se iluminaba con velas y se calentaba como podía. Una noche olvido apagar las velas y mientras dormía las flamas se apropiaron de su colchón y de su cuerpo. Y allí acabó su vida.

La miseria y el fuego consumieron a Rosa, pero miles de Rosas, las que aún sobreviven solas o al lado de sus maridos, con hijos o sin ellos, siguen iluminándose y calentándose como pueden, porque para pagar las facturas no hay, y porque las compañías energéticas interpretan la ley de 'pobreza energética' como quieren.

Números escalofriantes

Cifras reveladoras y aplastantes son las del último estudio sobre pobreza energética, publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), y las del último informe de pobreza europeo (Arope), ambos coinciden en que más de 5'1 millones de españoles -un 11% de la población- no puede pagar ni la luz, ni el gas.

Según ACA, las causas que generan la precariedad energética son diversas, si bien existen tres factores fundamentales: 

-Bajos ingresos del hogar

-Calidad insuficiente de la vivienda

-Precios elevados de la energía

El informe de ACA también señala que debido a la pobreza energética, cada año mueren 7000 españoles víctimas de:

-Incendios: causados por el uso de métodos antiguos de calefacción como velas, braseros o estufas de carbón, leña o gas.

-Enfermedades respiratorias: constipados y neumonías.

-Enfermedades circulatorias: hipertensión, infarto, ictus.

-Problemas de salud mental: depresión y ansiedad, entre otros.

(Desde 2014 -fecha del anterior informe- un 22% más de hogares españoles sufre este tipo de pobreza)

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2007 -un año antes de estallar la crisis- los hogares españoles gastaban una media anual de 700 euros en electricidad. En 2015, este gasto se incrementó en más de un 42%. Ahora pagan un promedio de 1.000 euros. 

Si comparamos la subida del precio de la electricidad con la subida de los salarios entenderemos la causa de todos los males. Mientras que el 2015 la luz subió más de un 42%, el salario mínimo de un trabajador español subió menos de un 1%. En 2014 el salario mínimo era 645,30 y en 2015 pasó a ser 648,60.

Lo más perverso y perturbador son las ganancias de las 3 mayores distribuidoras de luz en España. De enero a septiembre de 2015, las empresas energéticas sumaron un beneficio de 4.218 millones de euros, un 18,1% más que en el mismo periodo del año anterior. Pero la gente ¡ay! siguió muriendo.

En su informe Arope también señala que durante la crisis el precio de la electricidad en España, subió el doble que en el resto de la UE, convirtiéndose así en el cuarto país europeo con la energía más cara.

"Es difícil entender que a pesar de la crisis, la luz no pare de subir de precio y que las empresas eléctricas presenten unos beneficios tan grandes". (Organización de Consumidores y Usuarios)


En todo Europa según la Encuesta Europea de Ingresos y Condiciones de Vida (EU SILC) de Eurostat, la pobreza energética afecta a 54 millones de ciudadanos, es decir a un 10% de la población del viejo continente. Desde su posición, la UE ha instado a los países miembros a desarrollar políticas para afrontar esta problemática.

Y ante el drama: ¿el Estado español qué hace?

La muerte de Rosa, a orillado al Estado español ha posicionarse frente al escándalo de que en un país del llamado 'primer mundo', la gente muera por falta de electricidad y calefacción en sus hogares. Hasta el momento sólo se había dedicado a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) las 3 leyes de 'pobreza energética' aprobadas por el Parlament de Catalunya.

Esta semana, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y los representantes de los grupos parlamentarios se reunieron para realizar cambios en el descuento del 25% en la factura de la electricidad para las personas con problemas económicos. Por el momento, este debate -pendiente desde 2013- ha servido para consensuar que el descuento debe ser pagado por las eléctricas.

Sin embargo, el sector ha contestado que, en su momento, el Tribunal Supremo ya anuló el también llamado 'bono social' y dictaminó que el Estado indemnizará a las compañías con 361 millones de euros. Recuerdan también que dicha sentencia sólo les obliga a financiar parte de la factura de la luz y del gas de los consumidores vulnerables.

Catalunya y la 'pobreza energética'

Catalunya, ha sido la primera comunidad autónoma española en elaborar leyes contra la 'pobreza energética'. En diciembre de 2013 promulgó la primera planteando una 'tregua invernal': durante el invierno -de diciembre a marzo- las familias que no podían pagar el suministro de energía tenían hasta la primavera -mediados de abril- para pagar su deuda, además del consumo de ese mes.

Esta primera ley fue poco efectiva, porque la deuda no hacía más que crecer y acumularse, pues con la llegada de la primavera los problemas económicos de las familias no se resolvían. Esta fue la primera ley de 'pobreza energética' llevada ante el TC por el gobierno central. Y fue suspendida.

En diciembre de 2014 se modifica el Cogido de Consumo de Catalunya. Para evitar los cortes de luz o gas, los ciudadanos que no podían pagar debían pedir un informe a los servicios sociales y presentarlo a las compañías suministradoras y así ser merecedores de los beneficios de la modificación del Código de Consumo.

Esta reforma tampoco funcionó, pues se victimizaba doblemente a quien no podía pagar, haciéndole demostrar su falta de solvencia en todas las instancias que así lo exigían. La medida también fue llevada por el gobierno central ante el TC y hasta el día de hoy se encuentra a la espera de sentencia.

En Agosto de 2015 se aprobó la '24/2015' fruto de una iniciativa legislativa popular impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Catalunya, el Observatorio de Derechos Económicos culturales y sociales (Desc) y la Alianza contra la Pobreza Energética de Catalunya.

Esta última ley va mucho más allá que las anteriores, pues estipula que "las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, gas y electricidad a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial, mientras dure dicha situación".

Además establece el 'principio de precaución' según el cual, la empresa energética, antes de realizar un corte de suministro tiene que solicitar un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentran en riesgo de exclusión residencial.

Esta ley también señala que las administraciones públicas deben establecer acuerdos y convenios con las energéticas, para "garantizar que concedan ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial o les apliquen descuentos notables".

Por otro lado la 24/2015 manifiesta que las empresas -en los avisos que hacen referencia a la falta de pago- deben de informar a los usuarios de los derechos relativos a la pobreza energética establecidos por ley". Sin embargo, según afirman algunos afectados por este problema, "esto no se está cumpliendo".

Alianza contra la pobreza energética

A raíz de la muerte de Rosa, la portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética de Catalunya, María Campuzano, en un recorrido por los medios de comunicación señaló: "según los ayuntamientos, las empresas no reconocen la ley de pobreza energética catalana, para ellas sólo existe la ley del sector eléctrico estatal".

Por otro lado, Campuzano señaló que las administraciones deben ser claras en explicar a los usuarios sus derechos, pues "el 'principio de precaución' contempla que las empresas informen a los servicios sociales el riesgo de corte y estipula que antes de tomar cualquier decisión deben esperar respuesta, de no recibirla, se aplica el 'silencio positivo' a favor del usuario. Es decir, el corte no se realiza".

La ley también contempla los convenios para el pago de la deuda, pero según Campuzano "el problema es que no se hacen cumplir, pues mientras la 24/2015 señala que son las empresas las que deben hacerse cargo de la deuda, quien está 'pagando la cuenta' es la Generalitat de Catalunya con dinero publico".

Sólo en Catalunya, Gas Natural Fenosa manifiesta tener 9.200 clientes vulnerables. Sin embargo, según Campuzano, "en lugar de informar a los servicios sociales quienes tienen riesgo de corte, la empresa espera que sean los servicios sociales los que les avisen de los personas que necesitan recibir ayudas, en ese momento Gas Natural contesta: 'perfecto, pero paguen ustedes la deuda' ".

Según Campuzano, "pagamos los beneficios de estas empresas que hacen negocio gestionando los servicios básicos de la ciudadanía que se encuentran totalmente privatizados y en pocas manos". Son sólo 5 las compañías que controlan el mercado energético y están dejando a un 10% de la población sin servicios necesarios, porque NO los pueden pagar.

Por otro lado, a pesar de haber legislado contra la pobreza energética, el gobierno catalán ha cometido algunos errores. En primer lugar, no ha informado adecuadamente a la población en peligro de exclusión social sobre el paraguas de protección que les ofrece la 24/2015.

En segundo lugar, tampoco ha administrado de forma adecuada el fondo que viene acumulando desde el 2013 para el pago de deuda a las energéticas. El 2015 el dinero sobró. Según Campuzano "se tardó 8 meses en poner el fondo a disposición de la gente, pero esto no se difundió y nadie se acogió a este beneficio".

Y en tercer lugar, "la Generalitat no está cumpliendo con vigilar y supervisar a las compañías energéticas para que cumplan con las leyes aprobadas en el Parlament. Además se niega a intervenir de oficio y dice que para actuar primero espera las denuncias de los afectados", afirma Campuzano.

Pobreza energética: indicador de mayores sufrimientos

La pobreza energética no es un problema aislado, Rosa calcinada por la vela con la que se iluminaba tampoco podía pagar el alquiler del piso donde vivía, ni el agua. Su municipio ya se encargaba del pago del agua, de lo demás no. Rosa nunca recibió la ayuda que le correspondía para el pago de la luz.

Desde los servicios sociales del ayuntamiento dicen que esta es una historia complicada, que Rosa compartía vivienda con su nieta y la pareja de la misma y que ellos nunca permitieron que los servicios sociales pudieran visitar a la anciana a fin de conocer, a ciencia cierta, los problemas que la aquejaban.

Gas Natural Fenosa dice que el ayuntamiento nunca le informo de las carencias de Rosa. El gobierno catalán dice que multará a la empresa. Y entre tanto dicho, lo único cierto podría ser que el castigo económico tal vez sólo le haga cosquillas al bolsillo de esta gran empresa.

Hasta el momento la justicia catalana ha abierto 115 expedientes contra las compañías suministradoras de energía por denuncias de violación de la ley de 'pobreza energética'. Sólo 25 han acabado con sanciones de 10 mil euros para las compañías. 

"Nosotros", dice Campuzano, "pedimos una sanción ejemplar y estamos planteándonos tomar acciones legales contra la empresa y contra la administración, porque hoy ha sido Gas Natural Fenosa, pero mañana pueden ser Endesa o Iberdrola las causantes de otra desgracia. Todas están incumpliendo la ley catalana y la Generalitat no está exigiendo ni garantizando el cumplimiento de la misma".

Por otro lado, para Gas Natural Fenosa  la ley de 'pobreza energética' no tiene validez porque también ha sido recurrida por el gobierno central ante el TC. Sin embargo, y aunque eso es cierto, según Campuzano, la 24/2015 en el apartado de energía está totalmente vigente.

"Sólo se han objetado las medidas planteadas para que no haya más gente desalojada de sus viviendas porque no pueden pagar hipotecas ni alquileres. Nada de lo referente al apartado energético ha sido cuestionado, por lo tanto no hay dudas, ni vacíos legales al respecto", afirma Campuzano.

Gas Natural Fenosa también se excusa en que UNESA, la patronal de las energéticas ha puesto un contencioso administrativo en contra de los protocolos de la ley, en referencia a como debían actuar los ayuntamientos para evitar los cortes de energía, pero aquí también erra, pues el juzgado ha aceptado a tramite la demanda pero no ha suspendido la 24/2015.

Días después de la muerte de Rosa, un hombre perdió el bono social que le habían concedido para el pago de la luz, pues es un desempleado de larga duración y mantiene a su familia con una pensión de renta mínima de 426 euros. El bono le ha sido suspendido, porque un miembro de su familia acaba de conseguir empleo.

El 'estupendo bono social' del que era beneficiario este hombre, era un descuento de 6 euros mensuales en la factura de luz. El integrante de la familia que ahora trabaja es su hijo y gana 200 euros al mes por realizar un trabajo a tiempo 'muy parcial'.

Epitafio

En 2015, según el cuerpo de bomberos y las aseguradoras españolas, 164 personas murieron en incendios domésticos debido al uso de velas o de sistemas de calefacción antiguos, como braseros y estufas.

Y si llamásemos a las cosas por su nombre, podríamos decir que estos 164 han sido asesinados por la codicia de los conglomerados energéticos, para ellos la palabra 'vulnerabilidad' sólo se refiere a los riesgos financieros que asumen cada día, más no, tiene el rostro y el nombre de más de 5 millones de personas.